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Comunicado de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones
Vaciados los CIE, exigimos su cierre definitivo
- A un año del fallecimiento de Marouane Abouobaida en el CIE de Valencia exigimos justicia, responsabilidades y reparación.
- Denunciamos que en la historia de estos Centros se han producido más de 11 muertes, en la totalidad de los casos sin el debido proceso de investigación, justicia y reparación a las familias de las víctimas.
- Confirmamos que el racismo institucional no ha hecho cuarentena; continúa la apertura de órdenes de expulsión y devolución y los CATE Y CETI siguen encerrando sin garantizar condiciones de habitabilidad ni de respeto a los derechos humanos.
- Demandamos que los CIE hoy vaciados no pueden volver a abrir
El 15 de julio de 2019 se suicidó en el CIE de Zapadores, Valencia, Marouane Abouobaida, la última víctima de una larga lista de al menos 11 personas que perdieron la vida bajo la custodia del Estado en un Centro de Internamiento de Extranjeros. En el primer aniversario de su fallecimiento, exigimos el debido proceso de investigación, justicia y reparación negado en la totalidad de las causas anteriores; y el cierre inmediato y permanente de estos espacios, que permanecen vacíos desde el pasado 6 de mayo.
Los CIE no solo han sido un lugar de muerte. Han supuesto, en sus 35 años de existencia, la vulneración de derechos fundamentales para miles de personas encerradas por la mera causa administrativa de estar en situación irregular, condenadas a un internamiento en condiciones injustas e indignas, y muchas veces ilegal, como en el caso de menores de edad, solicitantes de protección internacional o personas con enfermedades graves.
También han significado un sufrimiento desproporcionado ante la amenaza –demasiadas veces cumplida– de romper proyectos de vida, toda vez que el encierro implica una ruptura de los procesos vitales y socioeconómicos de cada persona. Un extremo agravado en los casos en que se ha ejecutado su expulsión.
La pandemia nos ha brindado la oportunidad de comprobar que sin los CIE no se derrumba el modelo migratorio. Cuantitativamente no son tan importantes y, por contra, son un símbolo que pone de manifiesto la dureza desproporcionada de nuestra legislación de extranjería.
Por el contrario, muchas de las personas condenadas a vivir en forma irregular durante al menos 3 años por las propias disposiciones de la Ley han sido fundamentales en el desarrollo de actividades esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad. La recogida de la fruta y las labores en el campo, el sector de los cuidados y del trabajo de hogar son solo una muestra de su aporte vital. Pero más importante aún, son nuestras vecinas y vecinos, con quienes compartimos nuestras vidas y espacios.
Somos conscientes que los CIE solo son una parte de la política migratoria racista del Estado español. El vaciamiento de estos Centros no ha frenado el racismo institucional. Los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla continúan masificados y en condiciones infrahumanas; y los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) mantienen condiciones indignas y se sigue encerrando en ellos a las personas recién llegadas a nuestras costas. Mientras tanto, se siguen incoando procedimientos de expulsión y devolución; se cita a personas migrantes en las comisarías para agosto; las redadas racistas y la maquinaria de deportación continúan.
Ante todo ello, nos sumamos a la campaña #RegularizacionYa que supondría comenzar a desmantelar esta situación profundamente injusta e insostenible y exigimos:
- El cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
- El vaciamiento de los CETI y la posibilidad de acceso a la península de todas las personas allí alojadas que así lo soliciten.
- Una acogida digna y sin encierro ni detenciones de las personas llegadas a la frontera sur, garantizando los derechos fundamentales y poniendo fin a medidas y dispositivos hostiles y que no garantizan ni condiciones de habitabilidad ni el respeto a los derechos humanos.
- El cese inmediato de las devoluciones y deportaciones.
- La regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas.
- La apertura de vías legales y seguras de ingreso al Estado español.
- El reconocimiento efectivo de derechos fundamentales como sanidad y educación para todas las personas migrantes –con independencia de su situación administrativa –que vivan en el Estado español.
- La derogación de la Ley de Extranjería o, subsidiariamente, la modificación de artículos claramente restrictivos de derechos. Por ejemplo:
- Eliminación del período de tres años de irregularidad como condición para acceder a los procesos de regularización más comunes, como el arraigo social.
- Desvinculación del reconocimiento de derechos –entre ellos el de residencia y trabajo y sus renovaciones –de las circunstancias y condiciones laborales.
- Reconocimiento de permisos indefinidos, de estancia y trabajo, a quienes provienen de la tutela de las administraciones al llegar a la mayoría de edad.
- Reconocimiento político del derecho al voto para las personas migrantes que llevan al menos un año viviendo en el Estado español. o Asignación de permisos de residencia y trabajo cíclicos, es decir que si en una situación de crisis, una persona decide retornar a su país o emigrar a nuevos destinos, no pierda los derechos adquiridos en el Estado español.
- Eliminación de la diferencia de plazos para acceder a la nacionalidad española entre nacionales de uno y otro país.
¡No más muertes, no más CIE!
