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Comunicado de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
La semana pasada todos los CIE del Estado español quedaron vacíos fruto de las protestas de los internos por la ausencia de medidas de seguridad ante el coronavirus y de la presión social ante la imposibilidad de ejecutar deportaciones en el actual contexto de pandemia. Es la primera vez desde su creación que no hay personas privadas de libertad en ningún CIE, es el momento de que este cierre sea irreversible. Por ello, desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exigimos al Gobierno que ponga fin a su existencia.
Cabe destacar que la gestión del proceso de puesta en libertad de las personas internas en los CIE ha sido demasiado lenta, a pesar de las recomendaciones de la oficina del Defensor del Pueblo o de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, que pedían la puesta en libertad de las personas migrantes privadas de libertad en centros de reclusión enfocados a la deportación, pues, al ser imposible llevar a cabo las expulsiones por el cierre de fronteras, el internamiento carecía de habilitación legal.
Además, a pesar de que a las pocas semanas de esta pandemia comenzaron a vaciarse el CIE de Barcelona y el de Madrid, tras la protesta que llevaron a cabo los internos que allí se encontraban, la puesta en libertad de las personas internas se ha realizado sin garantizar los desplazamientos al lugar de residencia o la derivación a los recursos de acogida efectivos en buena parte de los casos. La situación más grave fue mantener abierto el CIE de Algeciras sin sentido para retener a 4 personas, que finalmente fueron puestas en libertad el pasado 6 de mayo Además, una de ellas denunció haber sufrido agresiones físicas por parte de un policía el pasado 27 de abril, que se materializaron en varias patadas y un tortazo que le provocó una hemorragia en el oído que no cesó en toda la noche, razón por la cual tuvo que ir trasladado al hospital a la mañana siguiente.
Los CIE no deberían haber existido nunca y estamos ante una coyuntura social y política que perfectamente posibilitaría que el actual cierre temporal y contextual se convirtiera en un cierre definitivo. Los CIE son espacios de vulneración de derechos, de impunidad policial y de sufrimiento y están enmarcados en una lógica racista y colonial apartada de la dignidad de las personas que, de ninguna manera, queremos que existan en nuestra sociedad.
Al plantearnos la supuesta vuelta a la normalidad, nos tememos que el dispositivo deportador se active de nuevo sin una gestión apropiada ni en tiempo, ni en forma, y, consecuentemente, sin las garantías propias de un Estado de Derecho. En este sentido, el Juzgado de Instrucción nº9 de Murcia, con funciones de control del CIE de Sangonera la Verde, ha emitido un Auto ante una consulta realizada por el Ministerio Fiscal sobre las condiciones que debe ofrecer este Centro si se decidiera su puesta en funcionamiento, observando la ausencia de cualquier protocolo y medios
adecuados que permitan hacer frente a la crisis sanitaria actual si se produjeran casos en su interior. Este mismo Auto refiere la posibilidad de utilizar los protocolos establecidos al efecto en los centros penitenciarios para garantizar su posible reapertura, reconociendo lo que venimos denunciando en la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones desde su creación: los CIE son cárceles racistas encubiertas bajo el amparo legal del control de la inmigración irregular.
Además, nos preocupa profundamente que la eventual recuperación de la normalidad conlleve la detención de las personas ahora liberadas, cuya orden de expulsión todavía está vigente.
Del mismo modo, aunque los CIE están vacíos, condenamos firmemente la gestión del Gobierno en nuestra Frontera Sur y expresamos nuestra máxima indignación ante la horrible situación que se está viviendo en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, que es absolutamente insostenible. A pesar del hacinamiento en el que se encuentran ambos CETI en pleno contexto de pandemia, el Gobierno ha decidido mantener la realidad de riesgo y de tensión que sufren, en lugar de trasladar a las personas que allí se encuentran a lugares de acogida dignos en la península. Igualmente, ha amenazado con deportar a más de 600 personas de nacionalidad tunecina que se encuentran en Melilla, forzando la situación aún más si cabe.
Por todo ello, manifestamos que el Estado español ejecuta un planteamiento racista e insolidario en sus políticas migratorias, excusando la crueldad de sus medidas en una presunta imposición de las instituciones europeas. El actual marco legal de la Unión Europea, lejos de lo que se ha venido planteando ante la opinión pública, permite que no existan los CIE, ya que la denominada Directiva de la Vergüenza, que regula el marco de deportaciones a nivel europeo, no obliga a los Estados a prever un tiempo de internamiento en centros de detención.
Es evidente que el racismo institucional, materializado en una Ley de Extranjería xenófoba que debería ser derogada, opera a multitud de niveles en nuestro territorio. Es necesario cambiar el paradigma en las políticas migratorias actuales, comenzando por llevar a cabo de forma urgente un proceso de regularización de las personas migrantes que no cuentan con autorización de residencia en España, al mismo tiempo que se dota a la sociedad de herramientas que permitan poner a las personas en el centro, abandonando de inmediato las medidas destructivas, en este caso, convirtiendo en permanente el cierre de los CIE.
Por todo ello, EXIGIMOS al Gobierno que:
- Acuerde no reabrir los CIE y tome las medidas legislativas necesarias para que el cierre sea definitivo y permanente.
- Lleve a cabo un proceso de regularización de las personas migrantes que actualmente residen en el Estado español.
- Traslade de forma inmediata a la península a las personas que se encuentran en los CETI de Ceuta y Melilla, ofreciéndoles recursos de acogida dignos.
