dijous, 14 de maig de 2020

#LosCIEsNoSeAbren

[Més avall en català]


Comunicado de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.



La semana pasada todos los CIE del Estado español quedaron vacíos​ fruto de las protestas de los internos por la ausencia de medidas de seguridad ante el coronavirus y de la presión social ante la imposibilidad de ejecutar deportaciones en el actual contexto de pandemia. Es la primera vez desde su creación que no hay personas privadas de libertad en ningún CIE, es el momento de que este cierre sea irreversible. Por ello, ​desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exigimos al Gobierno que ponga fin a su existencia.​

Cabe destacar que ​la gestión del proceso de puesta en libertad de las personas internas en los CIE ha sido demasiado lenta​, a pesar de las recomendaciones de la oficina del Defensor del Pueblo o de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, que pedían la puesta en libertad de las personas migrantes privadas de libertad en centros de reclusión enfocados a la deportación, pues, ​al ser imposible llevar a cabo las expulsiones por el cierre de fronteras, el internamiento carecía de habilitación legal

Además, a pesar de que a las pocas semanas de esta pandemia comenzaron a vaciarse el CIE de Barcelona y el de Madrid, tras la protesta que llevaron a cabo los internos que allí se encontraban, la puesta en libertad de las personas internas se ha realizado sin garantizar los desplazamientos al lugar de residencia o la derivación a los recursos de acogida efectivos en buena parte de los casos. La situación más grave fue mantener abierto el CIE de Algeciras sin sentido para retener a 4 personas, que finalmente fueron puestas en libertad el pasado 6 de mayo Además, una de ellas denunció haber sufrido agresiones físicas por parte de un policía el pasado 27 de abril, que se materializaron en varias patadas y un tortazo que le provocó una hemorragia en el oído que no cesó en toda la noche, razón por la cual tuvo que ir trasladado al hospital a la mañana siguiente.

Los CIE no deberían haber existido nunca y estamos ante una coyuntura social y política que perfectamente posibilitaría que el actual cierre temporal y contextual se convirtiera en un cierre definitivo​. Los CIE son espacios de vulneración de derechos, ​de impunidad policial y de sufrimiento y están enmarcados en una lógica racista y colonial apartada de la dignidad de las personas ​que, de ninguna manera, queremos que existan en nuestra sociedad.

Al plantearnos la supuesta vuelta a la normalidad, ​nos tememos que el dispositivo deportador se active de nuevo sin una gestión apropiada ni en tiempo, ni en forma, y, consecuentemente, sin las garantías propias de un Estado de Derecho. En este sentido, ​el Juzgado de Instrucción nº9 de Murcia, con funciones de control del CIE de Sangonera la Verde, ha emitido un Auto ante una consulta realizada por el Ministerio Fiscal sobre las condiciones que debe ofrecer este Centro si se decidiera su puesta en funcionamiento, observando la ausencia de cualquier protocolo y medios adecuados que permitan hacer frente a la crisis sanitaria actual si se produjeran casos en su interior. Este mismo Auto refiere la posibilidad de utilizar los protocolos establecidos al efecto en los centros penitenciarios para garantizar su posible reapertura, reconociendo lo que venimos denunciando en la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones desde su creación: los CIE son cárceles racistas encubiertas bajo el amparo legal del control de la inmigración irregular.

Además, nos preocupa profundamente que ​la eventual recuperación de la normalidad conlleve la detención de las personas ahora liberadas, cuya orden de expulsión todavía está vigente.

Del mismo modo, ​aunque los CIE están vacíos, condenamos firmemente la gestión del Gobierno en nuestra Frontera Sur y expresamos nuestra máxima indignación ante la horrible situación que se está viviendo en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, que es absolutamente insostenible​. A pesar del hacinamiento en el que se encuentran ambos CETI en pleno contexto de pandemia, el Gobierno ha decidido mantener la realidad de riesgo y de tensión que sufren, en lugar de trasladar a las personas que allí se encuentran a lugares de acogida dignos en la península. Igualmente, ha amenazado con deportar a más de 600 personas de nacionalidad tunecina que se encuentran en Melilla, forzando la situación aún más si cabe.

Por todo ello, manifestamos que ​el Estado español ejecuta un planteamiento racista e insolidario en sus políticas migratorias​, excusando la crueldad de sus medidas en una presunta imposición de las instituciones europeas. ​El actual marco legal de la Unión Europea, lejos de lo que se ha venido planteando ante la opinión pública, permite que no existan los CIE, ya que la denominada Directiva de la Vergüenza, que regula el marco de deportaciones a nivel europeo, no obliga a los Estados a prever un tiempo de internamiento en centros de detención.

Es evidente que el racismo institucional, materializado en una Ley de Extranjería xenófoba que debería ser derogada, opera a multitud de niveles en nuestro territorio. Es necesario cambiar el paradigma en las políticas migratorias actuales, comenzando por llevar a cabo de forma urgente un proceso de regularización de las personas migrantes que no cuentan con autorización de residencia en España​, al mismo tiempo que se dota a la sociedad de herramientas que permitan poner a las personas en el centro, abandonando de inmediato las medidas destructivas, en este caso, convirtiendo en permanente el cierre de los CIE.

Por todo ello, EXIGIMOS al Gobierno que:
  1. Acuerde no reabrir los CIE y tome las medidas legislativas necesarias para que el cierre sea definitivo y permanente.
  2. Lleve a cabo un proceso de regularización de las personas migrantes que actualmente residen en el Estado español.
  3. Traslade de forma inmediata a la península a las personas que se encuentran en los CETI de Ceuta y Melilla, ofreciéndoles recursos de acogida dignos.

#LosCIEsNoSeAbren


diumenge, 10 de maig de 2020

Hermana jornalera: nosotras sí te creemos

Dins de la campanya #RegularizacionYa, ens adherim al comunicat en suport a les companyes jornaleres del camp d'Andalusia. Podeu seguir la campanya, que ja aplega 1.117 adhesions de col·lectius, aquí: regularizacionya.com/


COMUNICADO EN APOYO A LAS COMPAÑERAS JORNALERAS DEL CAMPO EN ANDALUCÍA

Patriarcado, racismo y capital: Alianza colonial

Compañeras migrantes racializadas y aliadas en la lucha antirracista, hermanadas en la demanda #RegularizacionYa, denunciamos la violencia del orden colonial, racista y patriarcal que vulnera sistemáticamente nuestros derechos y que sigue expresando su poder sobre el cuerpo de las mujeres migrantes y racializadas, a través del sistema político, social, económico y judicial dominante.

Ayer 9 de mayo, se conmemoró el día de Europa. Un continente que, haciendo gala de un liberalismo eurocentrista que invisibiliza la pluralidad y, desde un poder histórico acumulado sobre la colonización y el expolio de los pueblos del sur global, alardea de abanderar la defensa de los Derechos Humanos. Derechos que constantemente son vulnerados por los estados miembros, que a través de políticas y estructuras racistas atentan contra nuestros cuerpos y nuestras vidas, y nos reservan sistemáticamente un trato de “no personas”. Por eso nosotras decimos, que No hay nada que celebrar y sí mucho por reparar.

España, estado que enaltece su pacto por la “igualdad” y contra la violencia de género, demuestra nuevamente cómo, desde su racismo estructural, unas vidas valen más que otras; las mujeres, migrantes, empobrecidas y dedicadas a un sector productivo infravalorado como el primario, quedan relegadas al último plano. La mayor dificultad en la lucha contra el racismo, la violencia sexual y los tratos inhumanos hacia las compañeras trabajadoras jornaleras marroquíes de los frutos rojos del sur de España, es demostrar que están sujetas de forma constante a estos patrones de violencia.

Los delitos que se cometen contra nuestras compañeras, son constantemente invalidados y negados por aquellos que sostienen y se benefician de las condiciones de existencia del capitalismo patriarcal y colonial. Esto favorece un clima para la revictimización y la estigmatización permanente de las mujeres que los sufren, derivando en intimidación, silenciamiento e impunidad, desacreditando constantemente sus voces.

Sabemos que la impunidad es la existencia de una estructura de opresión patriarcal, capitalista, colonial y racista, para acallar a las víctimas del sistema dominante, al tiempo que concede privilegios para que los sujetos de poder queden eximidos de responsabilidad alguna por sus abusos y violencias. Sobre las acusaciones de las compañeras siempre pende la duda arrojada desde la opinión pública, así como las calumnias de los empresarios y la difamación de los medios de comunicación. Pero nosotras no dudamos.

Este clima de normalización de la injusticia, permite condiciones para la reincidencia de agresiones en los campos del sur de España. Y pone en evidencia la complicidad de un Estado que no tiene voluntad política para defender la vida de las mujeres migrantes y racializadas, desconociendo y vulnerando nuestro derecho a una vida libre de violencia. Porque ni el Estado, ni los agentes del orden público, ni la justicia patriarcal, ni el feminismo blanco, que nos excluye de sus reclamos, asumen la gravedad de las denuncias de nuestras compañeras, y exigen justicia o sanciones efectivas hacia quienes perpetran estos crímenes con la energía que sí condenan las violencias hacia las mujeres blanco-españolas. Esto nos hace preguntarnos por el lema popular del feminismo blanco hegemónico: ¿si tocan a una, nos tocan realmente a todas?

Cuando condenamos las agresiones sexuales, abusos, situaciones de explotación y violencias múltiples ejercidas contra las compañeras jornaleras de origen marroquí, en los campos del sur de España, nos referimos a muchos casos de denuncias que no se llevan a término, porque los pasos para interponerlas son muy difíciles de concretar. Desde su contratación fraudulenta y plagada de irregularidades en origen, hasta su llegada en condiciones de vulnerabilidad extrema a España, nadie las escucha. Sus voces han sido desacreditadas y deslegitimadas de partida. El desamparo social e institucional es una constante en sus trayectorias migrantes.

Denunciar ante las violencias múltiples implica, por lo tanto, barreras burocráticas interminables, pensadas para que tanto ellas como cualquiera de nosotras, desistamos a lo largo de estos procesos. Se trata de laberintos procedimentales que nos condenan, paradójicamente, a la indefensión. Esta es una faceta más de la violencia institucional que nos atraviesa a las mujeres migrantes y negando nuestra capacidad de agencia, nos genera desconfianza ante un sistema incapaz de reconocernos y de protegernos como los sujetos de derecho que somos. Las instituciones racistas, además, se orientan a dejarnos en situación irregular, un limbo vital que nos aboca a la economía sumergida y nos impide poder trabajar en condiciones dignas. Somos usadas, continuamente, sólo como mercancías a desechar.

Por todo ello, ante las cooperativas y grupos empresariales que cometen abusos de poder sobre la vida de las compañeras jornaleras explotadas en sus sembradíos, decimos, ¡basta de pactos patriarcales, racistas y capitalistas que priorizan la mercantilización y la apropiación de la vida de las mujeres migrantes trabajadoras del campo!

Desde nuestras experiencias, voces y cuerpos migrantes y racializados, demandamos al Estado una regularización inmediata, incondicional y permanente que coloque el cuidado de nuestras vidas realmente en el centro, porque sabemos que este es un primer paso para la dignificación de la vida de las personas migrantes.

Asimismo, hacemos un llamado a la acción y nos sumamos a las reivindicaciones de nuestras compañeras:
  1. SEGURIDAD Y GARANTÍAS físicas y jurídicas para las víctimas denunciantes, sin temor a ninguna represalia, que este tipo de violencias también sean tipificadas jurídicamente como VIOLENCIA DE GÉNERO.
  2. SEGURIDAD Y GARANTÍAS de mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras migrantes y en la erradicación de las prácticas de explotación, acoso laboral y agresiones sexuales.
  3. RECHAZAMOS las deportaciones y despidos encubiertos bajo amenazas, intimidaciones, instrumentalizaciones y coacciones a las trabajadoras migrantes.
  4. LLAMAMOS AL BOICOT de las empresas, marcas y cadenas de distribución que se basan en la explotación laboral, abusos e incumplimientos laborales, acoso y abusos sexuales. Apelamos a sus clientes nacionales e internacionales a sumarse al boicot hasta lograr que se garanticen condiciones laborales dignas a las trabajadoras.
  5. DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE a las administraciones, sindicatos que dicen velar por los derechos de “los trabajadores” y a las organizaciones que se dicen “sociales” por su SILENCIO Y COMPLICIDAD durante todos estos años. Estos casos y prácticas llevan denunciando al menos desde 2006 sin haberse erradicado ni perseguido activamente.
En todos estos años se podría haber hecho mucho más por erradicar estas prácticas, sin embargo, el racismo institucional ha preferido minimizarlas, obviarlas, o directamente negarlas, priorizando sus propios intereses por encima de las necesidades y derechos de las trabajadoras. Estamos organizadas y no contarán con nuestro silencio. Somos resistencia anticolonial, contra el patriarcado, contra el capital.

Hermana jornalera: Nosotras sí te creemos.




dijous, 30 d’abril de 2020

Exigimos al Gobierno que no deporte al colectivo de personas tunecinas que se encuentra en el CETI de Melilla y que sean trasladadas a la península de manera urgente

[Manifiesto]   Añade aquí tu adhesión.

En tiempos de pandemia global, el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado en rueda de prensa que están realizando gestiones, en plena emergencia sanitaria, para deportar a más de 600 personas que proceden de Túnez y que se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla desde el verano de 2019.

#MarlaskaNoDeportes      #TrasladoUrgente


Este grupo de personas procedentes de Túnez, entre ellas familias con niños o personas mayores, lleva alrededor de ocho meses en el CETI, esperando su posible traslado a la península ibérica. A estos meses de espera, y ante la incertidumbre de su situación al no ser trasladados a la península (como pasa normalmente con las personas migrantes que llegan a Melilla), se les ha sumado, por un lado, la amenaza de la pandemia en un CETI hacinado con más del doble de personas de la capacidad que puede albergar, y, por otro lado, el anuncio de su eventual futura deportación a Túnez.

En el CETI de Melilla permanecen actualmente en hacinamiento y malas condiciones sanitarias alrededor de 1.600 personas procedentes de varios países, cuando su capacidad es solo para 780. Dentro del CETI de Melilla es imposible cumplir con las recomendaciones que se han hecho al resto de la población. El confinamiento, la aglomeración, la falta de higiene y el pánico han provocado protestas desde hace días. Cuando han empezado a protestar y manifestar su miedo, desde el centro han llamado a la Policía, según la asociación Terre pour Tous, que desde Túnez está en contacto con los jóvenes recluidos desde hace meses en el CETI. Según el Fórum tunecino por los Derechos Sociales y Económicos creen que “se trata de una presión hacia las autoridades tunecinas por parte de las autoridades españolas para que se firme algún tipo de acuerdo relacionado con la devolución de los migrantes”. Desde el Fórum creen que bloquear a la gente en Melilla es una presión para alertar a sus familiares en Túnez y enviar el mensaje de que la ruta migratoria a través de Marruecos y Melilla está cerrada.

El colectivo de personas procedentes de Túnez se encuentra en el CETI desde hace meses, en una situación que se ha prolongado de manera no justificada, obligándoles a esperar hacinados en unas instalaciones sobreocupadas, para al final decidir su deportación durante la pandemia. La situación se ha incluso agravado en los últimos días con el inicio de una huelga de hambre por parte de algunos afectados por la deportación en grupo. Todo ello incumple el respeto a la vida, la salud y la dignidad de las personas. Asimismo, queremos recordar que el art 4 del Protocolo número 4 al Convenio Europeo de Derecho Humanos prohíbe las expulsiones colectivas de personas extranjeras. Por todas las citadas razones solicitamos:

  • La paralización del proceso de deportación del grupo de personas de nacionalidad tunecina que ha anunciado el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
  • El traslado urgente de todas las personas que se encuentran en el CETI de Melilla a la Península y que se inicie un proceso para su regularización.

Firman inicialmente este manifiesto:

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Associació Institut de les Desigualtats
Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones
Campaña CIEs No Valencia
Caravana Abriendo Fronteras
Caravana Obrim Fronteres Catalunya
Convivir Sin Racismo
Fórum Tunecino por los Derechos Sociales y Económicos
Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos
Mundo en Movimiento
Obrim Fronteres Valencia
Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine
Ongi Etorri
Plataforma CIEs No Madrid
Prodein
Red Solidaria de Acogida de Madrid
Tanquem Els CIE
Terre Pour Tous (Túnez)

Añade aquí tu adhesión.

#MarlaskaNoDeportes      #TrasladoUrgente

dilluns, 13 d’abril de 2020

Regulació ja!

Des de Tanquem els CIE i altres col·lectius que lluitem per la derogació de la Llei d'Estrangeria i el tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers, així com la fi del capitalisme racial, ens adherim a aquesta campanya impulsada per col·lectius de persones racialitzades i migrants que demanen la Regularització Immedianta davant la crisi sanitària del Covid 19.
Exigim al Govern la regularització immediata per superar aquesta crisi i acabar amb el racisme estructural que travessa les institucions de l'Estat espanyol, impossibilitant la igualtat real i efectiva.


A continuació reproduïm la carta adreçada al Govern. Podeu adherir-vos aquí: Regulación ya

dilluns, 23 de març de 2020

La campaña estatal por el Cierre de los CIE exige la urgente puesta en libertad de todas las personas internadas en los CIE


“Exigimos que se cumplan las recomendaciones dadas por la Oficina del Defensor del Pueblo así como la paralización indefinida de las deportaciones ante la emergencia sanitaria por el CoVID-19“.

El pasado día 13 de marzo presentamos un comunicado desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE donde exigimos al Estado español el cierre inmediato de los centros de internamiento de extranjeros y la puesta en libertad de las personas retenidas, ante el avance de la pandemia del CoVID-19. Asimismo, solicitamos al Consejo General del Poder Judicial que se libraran instrucciones de no ordenar nuevos internamientos atendiendo a la imposibilidad de ejecución de las expulsiones o devoluciones. Tras el comunicado hemos constatado el cierre puntual de algunas instalaciones, pero de forma muy modesta y bajo la presión ejercida por las protestas de las personas internas en los centros ante la carencia de medidas de protección e higiene adecuadas y suficientes. Los movimientos sociales como la Campaña por el cierre de los CIE hemos acompañado y dado voz a sus reivindicaciones.

Además, diversas organizaciones que forman parte de la campaña, se han dirigido a la Oficina del Defensor del Pueblo para mostrar su disconformidad con la presencia en los centros de internamiento de ciudadanos extranjeros, pese a la imposibilidad de materializar su expulsión o devolución. La respuesta del Defensor del Pueblo fue tajante: “Las circunstancias actuales impiden que se pueda dar cumplimiento a esta finalidad por lo que, a juicio del Defensor del Pueblo, estas personas deben ser puestas en libertad.”

Sin embargo la situación en los CIE sigue siendo muy complicada a día de hoy y aún permanecen en estos alrededor de 295 personas encerradas. La opacidad y la falta de información sobre la situación, está ocasionando momentos de tensión e incertidumbre por la difícil espera de resolver su situación con la mayor urgencia y antes de que los momentos más duros de esta crisis, anunciados insistentemente, hagan más complicada su resolución.

Ante la actual situación de emergencia sanitaria y la imposibilidad de realizar deportaciones por un plazo indefinido, desde la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE exigimos:

  • La liberación de manera urgente de todas las personas que permanecen internadas hasta la fecha y que se informe de la situación y de las medidas que se vayan a tomar a estas personas diariamente. Al mismo tiempo que se notifique a las entidades, colectivos y plataformas acreditadas que les acompañan.
  • La habilitación de recursos habitacionales de acogida humanitaria para las personas que acaban de llegar al Estado Español o para las que no tienen domicilio, facilitando alternativas como domicilios de familiares o amistades.
  • La paralización indefinida de cualquier deportación así como de las notificaciones de deportación.
  • Por último exigimos la investigación por parte de los juzgados competentes así como por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional de las denuncias de malos tratos realizadas a algunas personas internas a raíz de las situaciones derivadas de las protestas en los distintos CIE.