LOS 6 MÍNIMOS MUNICIPALES
Queremos ciudades cercanas, que encuentren y garanticen mecanismos propios para hacer frente al racismo institucional y para acabar con la distinción y discriminación de sus habitantes.
1. Velar por la no realización de identificaciones por razón de perfil étnico, que están prohibidas por la UE.
Los municipios deben garantizar que se acate la prohibición de prácticas discriminatorias por razón de nacimiento o perfil étnico, establecida tanto en el artículo 14 de la Constitución Española como el artículo 26 del Convenio Internacional sobre Derechos Humanos y Políticos de Naciones Unidas, y en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Caso Timishev 2006, Caso Rosalind Williams 2009).
En línea con los artículos mencionados, de ninguna manera las policías municipales y otros cuerpos de seguridad deben colaborar en las redadas por perfil étnico, ya que éstas, además de ilegales, son la puerta de entrada a otras vulneraciones de derechos, en ocasiones muy graves.
2. Establecer mecanismos de consulta y participación ciudadana de todas las vecinas independientemente de su situación administrativa.
Hasta conseguir leyes que reconozcan el derecho a voto de toda persona adulta que viva en un territorio, los municipios deben buscar formas creativas de consultar y escuchar las voces de todas sus vecinas, incluyendo aquellas que no tengan su situación administrativa en el país regularizada.
No tener derecho a voto arrebata a una gran proporción de vecinos y vecinas su condición de sujetos políticos. Es necesario que existan mecanismos que garanticen la presentación de propuestas sociales, urbanísticas, educativas... por parte de las vecinas migrantes y otros colectivos poco representados en los procesos municipales.
3. Garantizar el empadronamiento.
Garantizar el derecho al empadronamiento de toda persona que resida en el municipio, y que este empadronamiento garantice a su vez los derechos humanos y civiles de las vecinas. Como para todo trámite administrativo, si es necesario, deberá ser acompañado de traductores y mediadores culturales.
El proceso de empadronamiento sin domicilio fijo debe ser sencillo, rápido, transparente y adecuado a las realidades de las vecinas que lo necesitan.
El empadronamiento es un derecho y un deber de todas las personas que residen en el territorio (independientemente de su nacionalidad o de si cuentan o no con permiso de residencia). Y, por tanto, es un deber de las administraciones municipales garantizarlo.
4. Los cargos públicos, así como el funcionariado, deben reflejar y respetar la diversidad de la población real a la que representan. Exigimos formación obligatoria a todos estos trabajadores públicos con perspectiva de género, antirracista y de identificación sexo-afectiva.
Se debe promover la incorporación de nuevos perfiles a los cargos públicos y al funcionariado, para que sea más cercano a la realidad de la sociedad a la que sirven. Se requiere también, una formación obligatoria que promueva un funcionamiento de las entidades públicas libre de machismo, racismo, capacitismo, homofobia y transfobia; así como un seguimiento y rendición de cuentas. Esta formación debe ser prioritariamente impartida por personas de los colectivos que más a menudo encuentran barreras en las instituciones.
Asimismo se exigen estas características a los servicios externos públicos realizados por empresas privadas. Se reclama también un seguimiento de esas formaciones anualmente a través de encuestas o inspecciones.
5. La precarización de la vivienda de las familias migrantes no puede suponer la separación del núcleo familiar, sino la búsqueda urgente de soluciones de habitabilidad dignas.
El acceso a una vivienda digna es un derecho y debe ser una de las primeras obligaciones de los ayuntamientos velar por su cumplimiento en el caso de personas en situación vulnerable. Los recursos deben priorizarse para obtener soluciones para la familia, tales como el alquiler social, la vivienda de protección oficial o las ayudas económicas para personas en riesgo de exclusión social.
Facilitar los procesos de acceso a la asistencia social y recursos disponibles para que estén al alcance de todas. Eliminar u optimizar el sistema de cita previa para estos servicios, adecuándolo también a las personas más vulnerabilizadas.
6. Medidas de protección para las vecinas frente a un ingreso en el CIE y/o un proceso de deportación forzada.
Los municipios no solo deben declararse en contra de los Centros de Internamiento de Extranjeros, en contra de las deportaciones y como ciudades-refugio, sino que deben tomar medidas efectivas de protección para sus habitantes dentro y fuera de los centros: apoyo legal especializado de emergencia, servicio de interpretación y mediación intercultural, teléfonos donde llamar en caso de internamiento en el CIE o detención por deportación, y la creación de un mecanismo que actúe en defensa de todas sus vecinas migrantes.
Recursos de emergencia y creación de programas de ayuda y orientación para las personas que son puestas en libertad después de pasar por un CIE.
LOS 6 MÍNIMOS AUTONÓMICOS
Las autonomías tienen responsabilidad y competencias suficientes para garantizar la seguridad de las personas que viven en su territorio. Así pues, exigimos que la hagan efectiva.
1. La política de protección del menor, migrante o autóctono, debe ser pensada en defensa de sus derechos.
Exigimos un cambio de paradigma en el sistema de (des)protección de la infancia, donde ahora mismo prima el hecho de ser migrante sobre la condición de menor de edad. La voz de los niños y jóvenes bajo protección institucional debe ser central en el cambio de modelo de protección. Los hijos o hijas de familias pobres, sean migrantes o no, son a menudo institucionalizados innecesariamente, sin intervención judicial, causando graves perjuicios emocionales, sociales y económicos a familias ya de por sí precarizadas.
2. Acabar con los protocolos de discriminación dentro de la educación pública y establecer mecanismos que respeten y reconozcan todas las realidades familiares
Establecer mecanismos a las instituciones educativas que prevengan y detengan las discriminaciones a las unidades familiares diversas, alejándonos de un discurso único. Trabajar con las familias y menores, dentro y fuera de la escuela, valores antirracistas y feministas para ayudar a incluir en su imaginario todas las realidades familiares.
3. Acceso a la sanidad pública sin necesidad de empadronamiento y sin barreras lingüísticas y/o culturales.
Esto requiere de una formación adecuada a los trabajadores sanitarios, a fin de desmontar rumores y evitar las malas praxis con la excusa del desconocimiento de los derechos en materia de salud de las personas migrantes. Aparte, hace falta un refuerzo en servicios de traducción y mediación cultural en los centros de atención primaria.
4. Mecanismos de prevención, investigación, control y solución de prácticas racistas, xenófobas y de abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad autonómicos.
Es necesario que las CCAA utilicen sus competencias para garantizar que sus cuerpos de seguridad no apliquen identificaciones y detenciones arbitrarias, fundamentadas en prejuicios racistas y xenófobos, así como de aspecto físico. Por ello, exigimos formación en materia antirracista, antifascista y feminista, y mecanismos de control, seguimiento y, cuando sea necesario, inhabilitación de los agentes por estas prácticas habituales.
5. Los cargos públicos, así como en el funcionariado, deben reflejar la diversidad de la población real a la que representan. Exigimos formación obligatoria a todos estos cargos con perspectiva de género, antirracista y de identificación sexo-afectiva.
Se debe promover la incorporación de nuevos perfiles a los cargos públicos y al funcionariado, para que sea más cercano a la realidad de la sociedad a la que sirven. Hay, también, una formación obligatoria que promueva un funcionamiento de las entidades públicas libre de machismo, racismo, capacitismo, homofobia y transfobia. Esta formación debe ser prioritariamente impartida por personas de los colectivos que más a menudo encuentran barreras en las instituciones.
6. Tomar medidas para hacer realidad los compromisos adquiridos por parte de las instituciones autonómicas por el cierre de los CIE, el fin de las identificaciones ilegales por razón de perfil étnico y de las deportaciones forzosas.
Los parlamentos de diferentes CCAA que ya votaron y se comprometieron a exigir al gobierno estatal el cierre de los CIE, el fin de las identificaciones ilegales por razón de perfil étnico y las deportaciones forzosas, tienen que explicar a la ciudadanía qué han hecho hasta ahora y cuál es la hoja de ruta para hacerlo efectivo. Por ejemplo, el Parlamento de Cataluña se comprometió el 23 de julio de 2015 y las Cortes Valencianas el 15 de octubre del mismo año. Sin embargo, la situación sigue igual: en sus territorios a una parte de sus habitantes se la continúa criminalizando, persiguiendo, privando de libertad y expulsando con excusas administrativas.
LOS 6 MÍNIMOS ESTATALES
El Estado tiene que romper con la política de la diferencia y la clasificación de personas. Debe garantizar un cumplimiento radical del artículo 14 de la Constitución Española, así como del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.
1. Hacer efectiva Ia Iniciativa legislativa Popular ¨Regularización ya¨ y simplificar el proceso de obtención de papeles y de su renovación.
Reclamamos abolir la exigencia de tres años de residencia permanente en el estado para acceder a un permiso de residencia, exigencia que obliga a trabajar en la economía sumergida durante esos años. Las personas que han sido educadas en España deben obtener la nacionalidad de manera inmediata al cumplir la mayoría de edad o, en su defecto, los permisos de residencia y trabajo. Las mujeres que llegan por reagrupación familiar también deben obtener el permiso de trabajo automáticamente. En general, es inadmisible que la renovación de los papeles dependa de un contrato laboral de jornada completa de un año de duración porque así el Estado promueve y empuja la irregularidad sobrevenida.
2. Derecho a voto para todas las personas mayores de edad empadronadas en el Estado Español.
Las personas migrantes e hijas/os de migrantes deben tener derecho a voto y el derecho a ser elegidas/os en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. El Estado democrático debe garantizar que toda persona que vive en su territorio pueda elegir a sus representantes políticos.
3. Acceso libre y sin restricciones a la sanidad pública, incluidos los derechos reproductivos y de reasignación de género, para todas las personas del territorio, independientemente de su situación administrativa.
Esto requiere de una formación obligatoria a los y las trabajadoras sanitarias, a fin de desmontar rumores y evitar las malas praxis con la excusa del desconocimiento de los derechos en materia de salud de las personas migrantes. Aparte, se requieren servicios de traducción y mediación cultural eficientes en los centros de atención primaria.
4. Debe primar la situación del menor ante su realidad de migrante.
Exigimos un cambio de paradigma en el sistema de (des)protección de la infancia, donde ahora mismo prima el hecho de ser migrante sobre la condición de menor de edad. La voz de la infancia y la juventud bajo protección institucional debe ser decisiva en el cambio de modelo de protección. Los hijos o hijas de familias pobres, sean migrantes o no, son a menudo institucionalizados innecesariamente, sin intervención judicial, causando graves perjuicios emocionales, sociales y económicos a familias ya de por sí precarizadas.
5. Eliminar las identificaciones por razón de perfil étnico, las cuales están prohibidas por la UE.
Exigimos formación obligatoria en materia antirracista, antifascista, feminista y de diversidad de género o sexual para todas las personas que trabajan en los diferentes cuerpos de seguridad estatales y privados, así como mecanismos de control y de inhabilitación para quienes cometen estas prácticas, que son habituales.
6. Cierre de los CIE, fin de las deportaciones forzadas y derogación de la ley de extranjería.
La ley de extranjería se creó en 1985 y se empezó a hablar de la figura del "extranjero en situación ilegal". Esto marcó el inicio de un sistema de control y expulsión. La burocracia marca el ritmo y el movimiento de las personas, y legitima la violencia institucional y policial. ¡Acabemos con estos casi 40 años de infamia! Y, una vez alcanzado esto, exigimos el inicio de un proceso de reparación a todas las personas que han sufrido las consecuencias de esta ley.
LOS 6 MÍNIMOS EUROPEOS
El Parlamento europeo tiene responsabilidad y por lo tanto debe tener voluntad política para romper con las políticas que promueven la Europa Fortaleza. Nunca más muertes en las fronteras en nombre de la unidad europea, supuesta garante de los derechos humanos.
1. Tomar medidas efectivas para que las identificaciones por razón de perfil étnico no se lleven a cabo en ningún Estado miembro.
Los países de la UE no están acatando la legalidad vigente: se trata de un problema transnacional, ya que abarca a todo el territorio europeo. Son necesarias medidas preventivas y punitivas en Estados que incumplen los compromisos de mínimos en tratados internacionales.
2. Garantizar la tramitación del acceso a la Protección Internacional desde las embajadas en cualquier país.
Si una persona está en peligro, Europa, como supuesta garante de los DD.HH, debe asegurar el acceso rápido y desde cualquier consulado de país europeo a cualquier territorio del mundo, a iniciar los trámites de asilo pertinentes con los que pueda viajar de forma segura a su destino. Forzar a la gente a pedir el asilo en el lugar de destino en vez del lugar de origen o cualquier tercer país de paso está suponiendo miles de muertes al año.
3. Fin de la política de externalización de las fronteras.
Los Estados europeos están financiando estructuras de control fronterizo en países como Marruecos o Libia (entre otros) para aplicar unas medidas más drásticas no permitidas en la UE, y así difuminar su papel decisorio en la necropolítica como control de flujos migratorios.
4. Fin del Acuerdo de Dublín.
Las migrantes deben poder ejercer su derecho a acceder a la protección internacional en cualquier Estado de la Unión Europea, tantas veces como sea necesario. No puede ser que las migrantes queden vinculadas eternamente en el primer país europeo por el que entraron en el continente, impidiendo decidir sobre el propio destino migratorio.
5. Eliminar el sistema de FRONTEX y asegurar los servicios de rescate marítimo.
El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíben las expulsiones colectivas de extranjeros. Sin embargo, escudándose en un tecnicismo burocrático, la agencia europea de control fronterizo FRONTEX practica constantemente la deportación masiva desde Europa por mar y aire. La UE dedica un presupuesto anual de 1.700 millones de euros a esta agencia para controlar las fronteras. Esto significa que cada muerte es una decisión política.
6. Finalización y reparación del expolio colonial.
Europa debe terminar con las prácticas de expropiación colonial, propias del liberalismo económico que la sostiene, y promover una política de reparación a todas las víctimas de éste, incluyendo la recuperación de los recursos naturales explotados. Además, exigimos la prohibición de la venta de armamento y acabar así con la falacia de la Europa de la Paz.
