Este año, el 15 de junio, Día contra los CIE, tiene lugar en pleno proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España donde la comunidad migrante organizada ha sido un activo fundamental para lograr que esta iniciativa se pusiera en marcha. Y lo es también ahora durante el periodo abierto para presentar las solicitudes; pues sigue apoyando su difusión, acompañando a las personas, informando a los colectivos y denunciando las trabas que se encuentran en el camino, por ejemplo, las dificultades con el certificado de vulnerabilidad, los antecedentes penales o la falta de colaboración de administraciones públicas.
Pero durante este proceso se siguen vulnerando derechos de las personas en situación administrativa irregular, como son las identificaciones por perfil racial en las inmediaciones de los consulados, registros públicos y estaciones de transportes. También se continúa con los dispositivos de deportación con igual o mayor frecuencia.
En este contexto, denunciamos que el internamiento en los CIE está suponiendo una amenaza al derecho a la Regularización. El procedimiento actual no tiene en cuenta la necesidad de facilitar el acceso a la Regularización a las personas privadas de libertad y tuteladas por la administración en los CIE. Nos encontramos ante una paradoja cruel e injusta: muchas personas que deberían estar en proceso de obtener su residencia, han sido deportadas desde estos centros. Los intentos de deportación a Marruecos de Mounir y Oussama desde el CIE de Valencia, y el de Omar desde el de Algeciras, pudieron pararse y han podido continuar con el proceso, pero sabemos de otros casos con similares circunstancias y peor suerte (como la deportación de Abdou a Senegal). Desconocemos cuántas otras personas en situación similar habrán sido detenidas y deportadas.
Condenamos las dificultades en el acceso a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas internadas en los CIE, así como de aquellas detenidas un máximo de 72 horas en comisarías para ejecutar una deportación exprés. Lo mismo sucede en los CATE, Centros de Atención Temporal de Extranjeros, que deberían cumplir con la función humanitaria de atención a las personas rescatadas en el mar. El acceso a la defensa se convierte en un auténtico "laberinto legal". La intervención de la abogacía de oficio en diferentes procedimientos (de internamiento, de expulsión u otros) resulta a menudo desarticulada, lo que dificulta que las personas internas puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa letrada. Esta situación provoca que, en ocasiones, dicho acceso sea un mero trámite y que los recursos contra el internamiento no reflejen las circunstancias reales de arraigo ni las situaciones de vulnerabilidad de las personas afectadas. Asimismo, rechazamos la existencia de internamientos de carácter “automático” que no analizan cada caso, ni evitan internamientos innecesarios, especialmente cuando concurren factores como la vulnerabilidad de la persona, su situación sanitaria o su grado de arraigo previo.
Del mismo modo, trasladamos nuestra protesta por las dificultades a las organizaciones sociales en su labor de vigilar que no se produzcan vulneraciones de derechos de las personas internas. La burocracia lenta y las restricciones de acceso impiden un acompañamiento humano y jurídico efectivo. Las diversas quejas ante Juzgados de Control y ante la Defensoría del Pueblo de diferentes organizaciones y plataformas evidencian la falta de privacidad en las visitas, a lo que se sumaría la necesidad de espacios dignos donde pueda haber intimidad, eliminando obstáculos como las mamparas que los propios juzgados han ordenado retirar en algunos CIE (como en Valencia y Aluche). Estas prácticas, además de acentuar la opacidad de estos centros, aíslan aún más los CIE y los convierten en espacios ajenos al control y la rendición de cuentas.
Por último, mostramos nuestra máxima preocupación ante la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y el Reglamento de Retorno de la UE, que afecta directamente a los CIE, ya que refuerza la detención para aumentar la deportación o retorno forzoso. Alertamos sobre la introducción del sistema de "triaje", que conveierte a España en el gendarme de la "Europa Fortaleza", mercantiliza la protección y reduce las garantías mínimas para las personas vulnerables y menores de edad sin la compañía de un familiar adulto.
Se está normalizando el enfoque punitivo de la gestión migratoria en la Unión Europea y en sus Estados miembros al más puro estilo ICE estadounidense mediante políticas que intensifican los mecanismos de control y detención de personas en situación administrativa irregular, al tiempo que amplían la presión para desplegar dispositivos de vigilancia más intrusivos. Además, se observa una preocupante tendencia a la criminalización tanto de las personas migrantes como de las organizaciones y ciudadanos que les prestan apoyo, lo que vulnera derechos fundamentales como la solidaridad y la asistencia humanitaria.
Este marco incrementa el riesgo de prácticas discriminatorias, como paradas policiales desproporcionadas en espacios públicos. Asimismo, se legitiman estrategias de externalización de la gestión del asilo hacia terceros países que, en muchos casos, no garantizan estándares adecuados de protección de los derechos humanos. Es alarmante la ampliación de la lista de “países seguros” por Europa y la admisión de la posibilidad de crear centros de internamiento – llamados centros de retorno- en terceros países, ya que amplía la externalización del control más allá de las fronteras.
Instamos al Gobierno de España a que mantenga su actual oposición a estas medidas, en especial a la creación de los “centros de retorno” en terceros países, pues vulneran estándares internacionales de protección de los derechos humanos debido al escaso control efectivo de los centros externalizados, al acceso limitado a asistencia jurídica, a la insuficiente protección internacional y a la vulneración del principio de no devolución. Reclamamos transparencia y respuestas a las preguntas planteadas sobre los centros de detención construidos en Mauritania financiados con dinero del Gobierno de España y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea. Y nos oponemos frontalmente a la puesta en marcha de un modelo de externalización de cárceles en países donde no se respetan los derechos humanos ni la dignidad de las personas.
Así mismo, rechazamos la inversión de más de 30 millones de euros en el nuevo macro-CIE de Algeciras, símbolo de un modelo fallido y cruel: mientras la comarca donde se ubica sufre graves carencias en sanidad e infraestructuras sociales, el Estado levanta una infraestructura de "escala industrial" destinada a la represión. Es inaceptable que se destinen fondos a una "cárcel para inocentes" en lugar de a políticas de acogida e inclusión.
Por todo ello, desde la Campaña Estatal contra los CIE y por el Fin de las Deportaciones exigimos:
➔ La puesta en libertad de todas las personas internas en CIE, CATE o detenidas en comisaría para ejecución de la orden expulsión o devolución que puedan acogerse a la Regularización Extraordinaria, pues el procedimiento permite revocar la orden.
➔ Mecanismos que garanticen que las personas que hayan solicitado la regularización no sean internadas ni deportadas mientras sus expedientes se encuentren en tramitación.
➔ El cierre definitivo de todos los CIE y la oposición al modelo de macro-centros iniciado en Algeciras
➔ Un compromiso firme de las autoridades españolas en contra de la externalización de fronteras y de la creación de centros de detención en terceros países.
➔ El fin de normativas que criminalizan la migración y la apuesta por vías seguras y legales.
Migrar es un derecho.
El internamiento y la privación de libertad por razones administrativas son una mancha en nuestra democracia.
