Nota de prensa. Campaña Estatal por el cierre de los CIEs
Madrid, 28 de noviembre de 2014. Esta mañana ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid el juicio contra Sandra – nombre ficticio- , mujer de origen latinoamericano que sufrió malos tratos durante el segundo de los intentos de deportación que sufrió.
En la noche del 6 de octubre de 2011, alrededor de las 22h, cuatro agentes del Cuerpo Nacional de Policía del CIE de Aluche se personaron ante Sandra a efectos de llevar a cabo la deportación. Para ello la agarraron con fuerza de los brazos y la tiraron al suelo dónde fue reducida con violencia, propinándole patadas y sujetándole pies y manos con una cinta, así como un esparadrapo en la boca para evitar que gritara. Poco después llegaron agentes del servicio de conducciones y custodias de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid. Uno de los agentes comenzó a proferir insultos racistas “otra vez esta sudaca de mierda”, “a ver cuando te vas a tu puto país” y “ya vas a ver como esta vez sí te subes al avión” (ya que se trataba de su segundo intento de deportación, el primero ocurrió el 5 de septiembre) a la vez que la amenazaba. Sandra fue instada a cambiarse de ropa, a lo que se negó, motivo por el cual el citado agente comenzó a golpearla, arrancándole incluso mechones de pelo y golpeando su cabeza contra la pared. Finalmente, y debido al estado en que se encontraba después de los golpes, ensangrentada y amoratada, Sandra no pudo ser siquiera trasladada al aeropuerto.
Además, tras su primer intento de expulsión, Sandra había declarado haber sido víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual y haber recibido amenazas posteriores a su huida de dicha red.
Hoy, tres años después de los hechos, Sandra se enfrenta a una acusación de atentado contra la autoridad y lesiones por parte de los policías del operativo de deportación.
Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIEs afirman que los malos tratos en las deportaciones forzosas “no son hechos aislados, sino más bien al contrario se dan con regularidad y al amparo del Protocolo de actuación en las deportaciones de la Policía Nacional que constituye un documento que legaliza los malos tratos y las torturas”. Este Protocolo fue aprobado en 2007 tras la muerte por asfixia de una persona de origen nigeriana – Osamuyi Aikpitanyi – en el trascurso de una deportación. Denuncian también que en la mayor parte de los casos que han podido documentar, estas deportaciones se han realizado con una extrema violencia, tanto en el CIE o el calabozo como en el aeropuerto o el avión.
Las víctimas de estos malos tratos son normalmente expulsadas lo que dificulta la posibilidad de presentar denuncias y “por tanto instalan la impunidad entre los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado” manifiestan desde la propia Campaña.
Sandra fue una de las miles de personas que, cada año, sufren los operativos de deportación organizados por el Ministerio del Interior, que se realizan en virtud de un contrato de 24 millones de euros en dos años con Air Europa y Swift Air.
Tampoco es un hecho aislado la deportación de víctimas de trata o posibles solicitantes de asilo, refugio o protección subsidiaria como han podido constatar los activistas de la Campaña y numerosas organizaciones sociales en los números vuelos a Mali o Nigeria.
La Campaña estatal por el cierre de los CIEs considera que la denuncia de actuaciones como ésta “supone dar voz a todas aquellas personas deportadas y que han sufrido malos tratos y torturas en estos procesos de deportación y que sin embargo no han podido obtener reparación por el daño sufrido”, así como “alzar la voz para denunciar la ilegalidad e ilegitimidad de los vuelos de deportación masivos”
