[Castellano, més avall en català]
COMUNICADO DE PRENSA
El 5 de diciembre de 2020 tuvo lugar el noveno encuentro anual de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Participaron Stop Deportación,
Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs No Valencia, CIEs No Madrid, Mundo en Movimiento,
Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cadiz, CIES No Granada, CIEs No Motril, EFS
Motril, APDHA y Algeciras Acoge.
Los CIE (centros de internamiento de extranjeros) son un agujero opaco en el Estado de
Derecho. En ellos se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una
mera falta administrativa: no tener regularizada su residencia en el Estado español. Las
personas encerradas en los CIE, nuestras vecinas, llegan hasta aquí expulsadas de lugares y
situaciones adversas, en los que ningún motivo es vano o menos merecedor de protección.
2020 está siendo un año atípico también para el dispositivo deportador del Estado español. La
pandemia trajo consigo la declaración del estado de alarma, las restricciones de movilidad y el
cierre de fronteras. Por primera vez en sus 35 años de historia, los centros de internamiento de
extranjeros fueron totalmente vaciados y todos los CIE del territorio nacional permanecieron
cerrados durante 142 días, desde el 6 de mayo (cuando se produjo la liberación de las últimas
personas internas en el CIE de Algeciras) hasta el 25 de septiembre (momento en que se volvió
a encerrar a las primeras personas en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria). 142 días
que evidenciaron que la injusta privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles
racistas es absolutamente prescindible y que el Estado español sea un territorio libre de CIE es
únicamente una cuestión de voluntad política: o se hace el juego a la industria del control
migratorio o se sitúa a las personas en el centro.
La prevención de la expansión de la COVID-19 también motivó el cese momentáneo de las
deportaciones muy a pesar del gobierno que, en un alarde de irresponsabilidad en su función
de garante de los derechos fundamentales y mostrando un absoluto desprecio hacia la salud
pública, siguió deportando con las fronteras cerradas y ha trabajado duro para activarlas a
través de nuevos acuerdos de la vergüenza que tratan de normalizar la expulsión de personas
a países que ni siquiera son los suyos.
Lejos de situar a las personas en el centro, el gobierno está deshumanizando aún más la
gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento,
resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la
sociedad diversa que ya somos.
En este sentido, las entidades reunidas en torno a la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, han constatado:
- El agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria, el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional.
- Las anómalas circunstancias en las que se realizan las deportaciones: falta de notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido.
- El internamiento sistemático y deliberado de personas vulnerables, como menores de edad o enfermas graves, o con arraigo, y la puesta en libertad de personas sin derivación a recursos humanitarios o seguimiento sanitario.
- Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.
- La situación irregular de los módulos de mujeres y el internamiento de una única mujer en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento.
- El incumplimiento de los compromisos recogidos en el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y Cruz Roja española para programas de asistencia social, cultural y humanitaria en los CIE.
- La inexistencia de servicios de orientación jurídica (SOJ) para personas extranjeras en todos los CIE, que les permita estar informadas de su situación administrativa y formular los recursos legalmente previstos.
- La continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios, y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad.
- La impunidad en que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada a las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de los juzgados de control a múltiples quejas planteadas.
- La situación de vulneración de derechos que sigue teniendo lugar en los CATE, en los que no se garantiza la atención jurídica individualizada ni la traducción y en los que se han producido cuarentenas “voluntarias”, a pesar de que no cuentan con instalaciones apropiadas.
Por todo ello, desde la Campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones exigimos:
- La liberación inmediata de todas las personas internas en los CIE y CATE del Estado español y su cierre definitivo. En tanto que se produce el cierre concluyente, reclamamos con carácter urgente:
- El cese de la actitud pasiva de jueces y juezas de control y su intervención activa para garantizar los derechos humanos de las personas actualmente privadas de libertad en CIE.
- Que se fijen y cumplan protocolos que aseguren las visitas de las ONG, familiares y asistencia letrada de las personas internas en CIE
- Que se distribuya el material sanitario preciso, tanto en número como frecuencia, para todas las personas internas.
- El fin de las deportaciones por cualquier vía, ya sea terrestre, aérea o marítima, y, particularmente el cese de las deportaciones de personas a países de los que no son nacionales, como a Marruecos, Mauritania o Argelia.
- Desistir de la construcción del nuevo macro-CIE de Algeciras y de la reforma de los CIE actuales y reasignar sus partidas presupuestarias a la acogida e inclusión de las personas migrantes.
- No dejar a nadie atrás facilitando la regularización de todas las personas migrantes que se encuentran en el Estado español
- Un cambio radical en la gestión migratoria que garantice eficazmente los DDHH de las personas en movimiento en la Frontera Sur, especialmente en las ciudades autónomas y en las islas Canarias.
Así fue el Encuentro de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones del año 2019: http://www.tanquemelscie.cat/2019/12/ni-una-veina-mes-victima-del-racisme.html
#CIErre #StopDeportaciones #CIEsNO
[Català, más arriba en castellano]
El 5 de desembre de 2020 va tenir lloc la novena trobada anual de la Campanya Estatal pel Tancament dels CIE i la fi de les deportacions. Hi van participar Stop Deportación,
Tanquem els CIE, Migra Studium, CIEs No València, CIEs No Madrid, Mundo en Movimiento,
Convivir sin Racismo, Coordinadora CIEs de Cádiz, CIES No Granada, CIEs No Motril, EFS
Motril, APDHA i Algeciras Acoge.
Els CIE (Centres d'Internament per a Estrangers) són un forat opac en l'Estat de Dret. En els CIE es priva de llibertat a persones que no han comès cap delicte, sinó una simple falta administrativa: no tenir regularitzada la seva residència a l'Estat espanyol. Les persones tancades als CIE, a més de ser les nostres veïnes, arriben fins aquí expulsades de llocs i situacions adverses. Sovint es tracta de contextos de violència, guerres i persecució, en què cap motiu és va o menys mereixedor de protecció.
2020 està sent un any atípic també per al dispositiu deportador de l'Estat espanyol. La pandèmia va comportar la declaració de l'estat d'alarma, les restriccions de mobilitat i el tancament de fronteres. Per primera vegada en els seus 35 anys d'història, els centres d'internament d'estrangers van ser totalment buidats i tots els CIE de l’Estat van romandre tancats durant 142 dies, des del 6 de maig (quan es va produir l'alliberament de les últimes persones internes en el CIE d'Algesires) fins el 25 de setembre (moment en què es va tornar a tancar les primeres persones al CIE de Barranco Seco, a Gran Canària). 142 dies que van evidenciar que la injusta privació de llibertat de persones estrangeres en aquestes presons racistes és absolutament prescindible i que l'Estat espanyol sigui un territori lliure de CIE és únicament una qüestió de voluntat política: o es fa el joc a la indústria del control migratori o se situa a les persones en el centre.
La prevenció de l'expansió de la COVID-19 també va motivar el cessament momentani de les deportacions malgrat el govern que, en una ostentació d'irresponsabilitat en la seva funció de garant dels drets fonamentals i mostrant un absolut menyspreu cap a la salut pública, va seguir deportant amb les fronteres tancades i ha treballat molt per activar l'expulsió de persones a països que ni tan sols són els seus, mitjançant nous acords de vergonya que tracten de normalitzar.
Lluny de situar les persones en el centre, el govern està deshumanitzant encara més la gestió del fenomen migratori, instrumentalitzant les persones en moviment, resistint-se a la seva regularització i, en definitiva, posant obstacles al desenvolupament normal de la societat diversa que ja som.
En aquest sentit, les entitats reunides al voltant de la Campanya Estatal pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions, han constatat:
- L'agreujament en la vulneració dels drets humans que ha suposat la COVID-19 en els CIE, motivat per la inexistència de protocols sanitaris o per l’incompliment quan s'han acordat mesures, atenció sanitària deficient, inexistència o bloqueig en l'accés a assistència lletrada, insuficient assistència de traductors o les traves en l'accés a la sol·licitud de protecció internacional.
- Les circumstàncies anòmales en què es realitzen les deportacions: manca de notificació, nocturnitat i violència, amb el risc consegüent per a la seguretat de les persones, que poden ser deportades il·legalment sense un procés d'apel·lació o recurs i retornadas als perills de què havien fugit.
- L'internament sistemàtic i deliberat de persones vulnerables: menors o persones malaltes greus, o amb arrelament, així com l'alliberament de persones sense derivació a recursos humanitaris o seguiment sanitari
- Diversos intents de suïcidi per part de persones internes sense l'oportuna assistència sanitària i l'absència d'investigació de les morts produïdes en CIE.
- La situació irregular dels mòduls de dones i l'internament d'una única dona al CIE d'Aluche, imposant forçosament el seu aïllament.
- L'incompliment dels compromisos recollits en el conveni de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i Creu Roja espanyola per a programes d'assistència social, cultural i humanitària als CIE.
- La inexistència de serveis d'orientació jurídica (SOJ) per a persones estrangeres en tots els CIE, que els permeti estar informades de la seva situació administrativa i formular els recursos legalment previstos.
- La contínua producció d'abusos policials, com ara agressions i tractes vexatoris, i la falta d'investigació d'aquests comportaments, consolidant la seva impunitat.
- La impunitat en què es mou l'Administració després de dificultar fins i tot negar l'entrada a les entitats acreditades per realitzar visites i l'absència de resposta per part de els jutjats de control a múltiples queixes plantejades.
- La situació de vulneració de drets que segueix tenint lloc en els CATE, en els quals no es garanteix l'atenció jurídica individualitzada ni la traducció i en els quals s'han produït quarantenes "voluntàries", tot i que no compten amb instal·lacions apropiades.
Per tot això, des de la Campanya pel tancament dels CIE i la fi de les deportacions exigim:
- L'alliberament immediat de totes les persones internes als CIE i CATE de l'Estat espanyol i el seu tancament definitiu. En tant que es produeix el tancament concloent, reclamem amb caràcter urgent:
- El cessament de l'actitud passiva de jutges i jutgesses de control i la seva intervenció activa per garantir els drets humans de les persones actualment privades de llibertat en CIE.
- Que es defineixin i apliquin protocols eficaços per garantir el dret a la salut de les persones internes en CIE i CATE i per evitar la propagació de la COVID-19, amb èmfasi especial en la distribució de material de protecció precís, tant en nombre com freqüència, per a totes les persones internes.
- Que es fixin i compleixin protocols que assegurin les visites de les ONG, familiars i assistència lletrada de les persones internes en CIE.
- La fi de les deportacions per qualsevol via, ja sigui terrestre, aèria o marítima, i, particularment el cessament de les deportacions de persones a països dels quals no són nacionals, com al Marroc, Mauritània o Algèria.
- Desistir de la construcció del nou macro-CIE d'Algesires i de la reforma dels CIE actuals i reassignar les seves partides pressupostàries a l'acollida i inclusió de les persones migrants.
- No deixar ningú enrere facilitant la regularització de totes les persones migrants que es troben a l'Estat espanyol.
- Un canvi radical en la gestió migratòria que garanteixi eficaçment els drets humans de les persones en moviment a la Frontera Sud, especialment a les ciutats autònomes i a les illes Canàries
