Las entidades firmantes denunciamos un nuevo episodio de violencia institucional en el CIE de Barcelona. Esta vez se manifiesta mediante la obstaculización al acceso al proceso de la regularización extraordinaria de las personas que se encuentran privadas de libertad.
El Real Decreto 316/2026, por el que se aprueba la regularización extraordinaria, establece que en los supuestos en los que la persona solicitante se encuentre afectada por un procedimiento de devolución o expulsión por las infracciones previstas en el artículo 53.1.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la concesión de la autorización prevista en esta disposición supondrá el archivo del procedimiento de expulsión o devolución y, en su caso, la revocación de la orden.
Como entidades que realizamos acompañamiento en el CIE de Barcelona hemos tenido conocimiento de que las personas allí encerradas enfrentan importantes obstáculos para acceder en condiciones efectivas al proceso extraordinario de regularización al no disponer de la información, el asesoramiento y los medios materiales necesarios para preparar y presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido.
- En particular, señalan que no se están garantizando adecuadamente:
- El acceso a información clara, comprensible y actualizada sobre el procedimiento.
- El asesoramiento jurídico necesario para valorar la posibilidad de acogerse al proceso.
- La obtención y recopilación de la documentación requerida.
- La comunicación con familiares, representantes legales y entidades sociales que puedan prestar apoyo en la tramitación.
- Las condiciones materiales y temporales necesarias para formalizar las solicitudes.
La situación resulta extremadamente grave si se tiene en cuenta que las personas que están en el CIE, se encuentran privadas de libertad y dependen en gran medida de la actuación de la Administración para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones respecto del resto de potenciales beneficiarios del proceso.
Ante la petición por parte de una de las ONG que realiza acompañamientos en el CIE de poder realizar un taller para identificar posibles interesadas en el acceso al procedimiento de regularización, la respuesta por parte de la Dirección del CIE de Barcelona fue que: «no se consideraba conveniente».
La respuesta de la dirección del CIE de Barcelona contrasta con la Providencia dictada el pasado 18 de junio por los Juzgados de Instrucción 6, 19 y 20 en funciones de Control del CIE de Aluche por la que, se insta al CIE a «facilitar información del proceso de regularización a personas ingresadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros y ASOCIACIONES un espacio en las propias dependencias del CIE por su uso como despacho desde el que se lleven a cabo las gestiones (...) aquellos internos que pudieran estar interesados en la regularización».
Asimismo, es contraria con lo dispuesto en la Aclaración de cuestiones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones de 14 de mayo de 2026 publicada a raíz de la reunión del Delegado del Gobierno en Madrid con entidades que colaboran en el procedimiento de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de Arraigo Extraordinario.
Debe destacarse el carácter extraordinariamente urgente de esta cuestión, dado que el plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de junio. La falta de medidas inmediatas y eficaces para garantizar el acceso de las personas migrantes al procedimiento puede suponer, en la práctica, su exclusión definitiva del proceso de regularización, ocasionando un perjuicio irreparable al impedirles ejercer un derecho dentro del plazo legalmente previsto.
Estos hechos son parte de las violencias que enfrentan las personas migrantes cotidianamente en los CIE y por eso se tienen que abolir. No se tratan de casos aislados, sino que responden a la propia estructura racista, capitalista y patriarcal que ejerce violencia sobre los cuerpos migrantes. Todo ello amparado por las administraciones deberían ser garantes de los derechos fundamentales.
Ante la gravedad de los hechos expuestos EXIGIMOS una respuesta institucional inmediata, la investigación de los hechos y delimitación de las responsabilidades correspondientes.
Barcelona 22 de juny de 2026.
